Agosto 26 de 2003 Señor defensor del pueblo Eduardo Cifuentes Muñoz Acudiendo al derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, escribo para solicitar humildemente: * Publique el el comunicado de prensa 869 del 21 de Agosto de 2003, junto con los demás comunicados de prensa de la defensoria disponibles en: http://www.defensoria.org.co/base_level2.php?Pageinfo=listado_2002§ion=comunicados En caso de no ser posible tal publicación solicito humildemente se me envie ese comunicado de prensa o de no resultar posible se me confirme si tal comunicado corresponde al texto que adjunto, el cual está disponible en: http://espanol.geocities.com/justypaz/cmcachu03b-comdefenag21.htm#pp De no ser apropiada la comunicación por este medio ( http://www.defensoria.org.co/base_level2.php?Pageinfo=feedback ) solicito humildemente se me indique un medio apropiado y efectivo. Un colombiano que quiere la paz de Dios Vladimir Támara Patiño ---------- DEFENSORÍA PIDE PONER FIN A ESTIGMATIZACIÓN DE COMUNIDADES DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL CACARICA, EN CHOCÓ Comunicado de Prensa Bogotá, D.C., 21 de Agosto de 2003 ? Com. # 869 La Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas de la cuenca del Cacarica, agrupadas en la organización comunitaria CAVIDA, quienes en 1999, luego de permanecer dos años en el coliseo de Turbo y en la hacienda El Cacique, en Bahía Cupica (Chocó) retornaron a su territorio, previo acuerdos entre el Gobierno nacional y la comunidad, y el acompañamiento de una Comisión Mixta de Verificación. Debido a la persistencia en la región de los factores que originaron el desplazamiento en 1997 (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y guerrilla de las Farc), las comunidades agrupadas en el proceso CAVIDA decidieron voluntariamente conformar dos asentamientos "Esperanza en Dios" y "Nueva Vida", en donde construyeron, a su alrededor, una cerca de alambre de púas para evitar el ingreso de los actores armados a sus zonas de habitación y cultivo, definidas como zonas humanitarias. Dentro de los acuerdos contemplados por el Gobierno, las comunidades y la Comisión Mixta de Verificación estaba la construcción de viviendas, un proyecto productivo, el destaponamiento de los caños y la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo como parte de un esquema integral de protección. La mayoría de estos proyectos han sido ejecutados con recursos del Presupuesto Nacional y supervisados por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entre otros. Asimismo, tales familias optaron por acoger un reglamento interno de convivencia en el que establecen permanecer al margen del conflicto armado, y no dialogar con ninguno de los actores en confrontación. No obstante, las recientes declaraciones del comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, según las cuales estos asentamientos son centros de concentración de las Farc, preocupan a la Defensoría del Pueblo por cuanto no corresponden a la realidad y, por el contrario, podrían poner en riesgo a las comunidades que allí habitan. Las entidades gubernamentales que hacen parte de la Comisión Mixta (Programa Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, representantes de entidades internacionales y ONG?s, entre otras), han visitado en varias oportunidades tales asentamientos, conocen la situación de sus habitantes y pueden corroborar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del Gobierno y por la propia comunidad. Aunque algunas de las personas desplazadas en 1997 no se agruparon en CAVIDA sino que se encuentran aún en Turbo, mientras que otras retornaron por su propia voluntad, éstas últimas no hicieron parte del proceso de las comunidades asentadas en "Esperanza en Dios" y "Nueva Vida", lo cual generó una división entre ellas debido a que la ayuda estatal solo se encaminó a las familias de la organización comunitaria CAVIDA. La Defensoría formula un llamado al Gobierno Nacional para que facilite un acercamiento entre ambos grupos de desplazados y propicie las condiciones de seguridad que permitan a estas comunidades vivir en un mismo territorio, en medio de la convivencia pacífica.