Date: Wed, 29 Jan 2003 17:44:30 +0100 From: Vladimir =?iso-8859-1?Q?T=E1mara?= To: auribe@presidencia.gov.co, siden@mindefensa.gov.co, colombialibre@colombialibre.org Cc: quejas@defensoria.org.co Subject: Respeto a la vida de Carlos Salinas Becerra, Dora Luz Sanchez, Cristian Sanchez, Aide Salinas Sanchez y Jhon Jairo Cuesta Becerra Señor Presidente de la Republica Alvaro Uribe Velez Señora Ministra de defensa Marta Lucía Ramírez de Rincón Señores AUC Con copia: Señor defenosr del pueblo Eduardo Cifuentes He escrito sin obtener respuesta alguna al presidente de Colombia el 7 y 10 de Enero y a las AUC el 10 de Enero de este año (cartas disponibles en http://www.geocities.com/v-tamara/cartas/), pidiendo respeto por la vida de Carlos Salinas Becerra, Dora Luz Sanchez, Cristian Sanchez (10 años), Aide Salinas Sanchez (5 años) y Jhon Jairo Cuesta Becerra quienes habrían sido desaparecidos el 5 de enero de este año, por las AUC, en Puerto Lleras en la cuenca del Río Jiguamiandó (Choco). Así mismo denuncié el irrespeto a la dignidad humana que han sufrido los habitantes de esta zona en los operativos que las AUC adelantan. En lugar de obtener una respuesta, he recibidoo más información (que adjunto) de acuerdo a la cual los operativos del 5 de Enero se habrían realizado en conjunto entre personas que portaban boinas verdes y distintivos de la XVII Brigada y personas que portaban distintivos de las AUC, se estaría fortaleciendo una base paramilitar que ya existiría en la finca La Secreta, y habrían continuado los operativos paramilitares los días 17 y 18 de Enero en Puerto Lleras por parte de miembros de las AUC y algunos de los que habrían participado en los operativos del 5 y 7 de enero anteriores. El 18 habrían acorralado a la población para intimidarla, expresando que debían cruzar a la otra margen del rio, habrían manifestado estar acentados en Urada, mandar en Carmen del Darién, haber construido la carretera a Pavarandó, habrían invitado a la población a trabajar en la hacienda La Secreta en Pavarandó. También habrían preguntado por los misioneros que han hecho acompañamiento a estas comunidades. Reitero mi humilde solicitud de confirmar la información, en particular confirmar si la comunidad en mención está cubierta por medidas cauterlaes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, si efectivamente los predios que tienen les fueron asignados por el estado. De ser posible solicito humildemente enviarme documentos que lo constaten y ofrezco mi trabajo voluntario para mantenerlos publicados en Internet (así como otras medidas cautelares de la CIDH en Colombia) si bien lo consideran, en algún servidor del gobierno colombiano. Les ruego también respetar la vida y apoyar el trabajo que han venido haciendo los misioneros cristianos y las personas que han acompañado a estas comunidades. La paz de Dios en mi humilde opinión no puede conseguirse con sangre y balas. Por favor respetemos la población civil de estas comunidades y más bien apoyemoslas porque no hacen más que producir su comida y querer vivir en paz verdadera, ¿o es que no todos tenemos derecho a vivir? ¿No es acaso Dios el único que puede juzgar quien si y quien no? ¿O es que no tienen derecho a sus tierras esos campesinos? Yo no soy nadie para decirles que están haciendo algo mal, empezando porque yo también cometo errores. Pero aún me queda algo de sensibilidad en el corazón y siento dolor, rabia y angustia al ver lo que pasa en esta tierra. Siento que no es mucho lo que puedo hacer, he decidido negarme el derecho a la legitima defensa, porque no estoy dispuesto a matar, ni a permitir que se mate a mi nombre por ejemplo para mantener el estatús en el que he vivido, no puedo hacer mucho más que eso. Les pido humildemente escuchar su conciencia y a Dios le pido que nos ilumine a todos para poder construir su Reino, que aunque no merecemos no podemos dejar de soñar y luchar por ayudar a construir. Un colombiano que quiere la paz de Dios Vladimir Támara Patiño Date: Tue, 21 Jan 2003 20:50:23 +0100 From: Editor Equipo Nizkor Reply-To: nizkor@derechos.org To: Equipo Nizkor Subject: Col - Las comunidades del Jiguamiando siguen en peligro, los detenidos politicos de la carcel de Arauca son represaliados y la USO denuncia arremetida contra los sindicalistas. Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa Información - [van vi) msjes.] - 21ene03 i) PERSISTE LA ACCIÓN MILITAR A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA ARMADA ENCUBIERTA DE TIPO PARAMILITAR CONTRA LAS COMUNIDADES DEL JIGUAMIANDÓ. Informe Ejecutivo12 Consejo Comunitario del Jiguamiandó, Familias de Curbaradó 1. Viernes 17 de enero, hacia las 14:30 horas se escucharon 6 disparos en dirección del sitio conocido como Urada ubicado aproximadamente a 45 minutos del poblado de Puerto Lleras. El sonido de los tiros de fusil alertó a la población. Hacia las 19:00 horas se conoció el movimiento de un contingente de cerca de 200 hombres armados, vestidos de camuflado, que participan en las estructuras armadas encubiertas. 2. Sábado 18 de enero a las 9:30 horas algunas personas de la comunidad de Puerto Lleras que se encontraban recogiendo plátano cerca del caserío original de su habitación, observaron a un hombre vestido de camuflado y arma de fusil quien al instante se ocultó entre los arbustos. 3. Ese día entre las 13:00 y 13:30 horas, los habitantes de la comunidad de Puerto Lleras escucharon 4 disparos cerca del lugar donde se encuentran refugiados, margen izquierda del río Jiguamiandó. Desde el momento en que escucharon los disparos, los miembros de la comunidad, más de 100, la mayoría de ellos menores de edad, decidieron reunirse en la escuela para evaluar la situación que se estaba presentando. Cuando se encontraban los pobladores en esta discusión, hacia las 14:00 horas, llegaron aproximadamente 19 hombres con armas largas y cortas, algunos vestidos de camuflado completo y otros con pantalón camuflado y camiseta negra, algunos de ellos portando brazaletes de las “AUC”. Los armados ingresaron en dos grupos, rodeando el caserío, con la pretensión de evitar la búsqueda de refugio de los pobladores en la selva. Alguno de los armados gritó a la comunidad: “uno de estos h.p está bueno para darle 40 machetazos”. Otro hombre instaló en el centro del caserío una arma con un tubo de más de tres pulgadas, al parecer una bazuca, apuntando en dirección de la escuela en la que estaba concentrada la comunidad. Otro manifestó: “matamos 2 vacas, necesitamos 10 costales para llevar la carne y vayan ustedes por carne”. Entre, los “civiles” armados participaron algunos de los que actuaron en la incursión del 5 y del 7 de enero pasado, en la que algunos se encontraban con insignias de la Brigada XVII. Uno de los comandantes ordenó al resto de los “civiles” vestidos de camuflado, que se ubicarán detrás de las casas y a otros que revisara casa por casa, y de encontrar algún poblador, la orden era traerlo a la escuela. Antes de ordenar a toda la comunidad de Pueblo Lleras que se mantuvieran en la escuela, algunos de los “civiles” armados, obligaron a un afrodescendiente dirigirse a una casa ubicada a 30 metros de la escuela. Allí lo obligaron a sentarse e iniciaron a interrogarlo: “Usted son cómplices de la guerrilla, ustedes saben quien colocó las minas quiebrapatas en el camino de Urada a Puerto Lleras?(…)” “¿Cuánto hace que vinieron los milicianos aquí? (…). “Qué tiempo se gasta de aquí a Pueblo Nuevo, a Nueva Esperanza, a Murindó por tierra, por agua, a Remacho? (…) Estuvimos en el caserío de Pueblo Nuevo, ¿por qué no hay nadie allí? (…) “Pueblo Nuevo está en cambuches como ustedes o hay han construido un pueblo oficial?” (…) “Cuál es la opinión de las comunidades que están de este lado del río? Ustedes tienen que cruzarse hasta el otro lado, nosotros tenemos que pasarnos a este lado pero ustedes no pueden estar aquí. Las comunidades deben reunirse y acordar cuando van a cruzar porque se les van a dañar las casas (…). “Hay mucha población civil, porque salen corriendo y entonces toca matarlos. Porque disparamos al que corra y el que no la debe que no la teme.(…) Hemos matado mucha gente, principalmente campesinos trabajadores. Antes matábamos por que nos pagaban para matar gente, pero ahora es distinto queremos borrar la mala imagen que tenemos de matones. Tenemos mucho que conseguir por este monte pero la población civil no nos deja. En el otro lado del río, no tenemos ya nada que hacer, ya lo tenemos controlado, cuando la población civil se vaya al otro lado donde vivían antes actuaremos porque tenemos que llegar hasta Murindó. (…), “somos 200 hombres , tenemos nuestro campamento en Urada, allí los carros nos traen la comida (…) “Vamos a pasar comunidad por comunidad, a Pueblo Nuevo, a Cuatro Tapas (Nueva Esperanza) y a Remacho, a decirles lo mismo que les estamos diciendo a ustedes (…). ¿De quién es el ganado que está por acá cerca? (…) “¿Cuál es el líder de la comunidad?” (…) “Usted va a Murindó, Riosucio o Carmen del Darién a sus vueltas? Vaya mejor a Pavarandó a mercar, la carretera está lista, nosotros la hicimos y los civiles de cualquier comunidad no tienen problema para movilizarse por allí” (…) El Carmen del Darién es nuestro allá se dan ayuda con alimentos?”. Ustedes no tienen problema para salir, vayan a Carmen del Darién, allí nosotros mandamos” ( …) El motor se abeleo porque estaba huyendo un guerrillero (…) Posteriormente se le acercó otro paramilitar armado, y le expresó al afrodescendiente: “¿De dónde es usted? (…) “Usted no es de aquí, lárguese que aquí no hace nada. Vaya a La Hacienda La Secreta que allí hay trabajo muy bueno y desde el primer mes se ve el billete. Si quiere irse diga cuantos son en su familia y se va con nosotros, el camino está libre para que salga el que quiera, si quiere salga con nosotros”. El integrante de la comunidad de Puerto Lleras, ante el interrogatorio de los “civiles armados” expresó: “Si usted sabe en dónde y cómo están los caseríos para qué me pregunta? Aquí no hay milicianos. Ustedes lo saben. Nosotros no nos vamos a cruzar hasta que no veamos, que es lo mejor. Eso no es por ahora, no sabemos cuando será”. En la escuela donde se encontraba reunida toda la comunidad, les manifestaron: “ váyanse a vivir al otro lado del río, a su pueblo” (…),” nosotros vamos a seguir viniendo a controlar este territorio, no tengan miedo”. (…) Si hay milicianos aquí, que se vengan con nosotros…. allá hay bastante trabajo para todos en la finca La Secreta en Pavarandó, váyanse allá, allá los esperamos”. (…) “Qué hacen de este lado?. ¿Quién los hizo pasar para acá?” (…) “ cualquiera se puede poner un camuflado y pasar como de las AUC. Nosotros ya no hacemos lo de antes. Pásense a su pueblo por que cuando nos pasemos por acá no queremos verlos en este lado. En un año mas o menos vamos a registrar toda esta zona, perseguimos a la guerrilla, vamos a seguir viniendo somos 200 hombres y tienen que acostumbrarse a vernos, la próxima vez vienen el Perro y La Araña, aquí ahora estamos H 20 y Guayacán” (…)Sabemos que los misioneros están por aquí, cada cuánto vienen … La comunidad de Puerto Lleras, le respondió a los armados: “de aquí no nos vamos” (…) aquí no han estado miliciano, ni hay milicianos” (…) “Ustedes fueron los que nos sacaron de nuestro pueblo. El territorio nos fue titulado a nosotros”(…) “Los misioneros están por aquí acompañan” La reunión duró aproximadamente 20 minutos. Los armados sustrajeron dos radios transistores AM y FM, 1 linterna, 1 mechera, 1 desodorante y ropa interior de algunos jóvenes de la comunidad. Después de una hora de presencia en el caserío, los civiles armados abandonaron el caserío. 4. El domingo 19 de enero, a eso de las 14:30 horas, cerca de 25 hombres de las FARC EP estuvieron presentes en el extremo del caserío donde se encuentran refugiadas las familias de Puerto Lleras. Los guerrilleros se retiraron del lugar cuando uno de los acompañantes se los solicitó. Estos manifestaron que comprendían la situación y respetaban la decisión de la comunidad Persiste la ofensiva armada contra los habitantes de la cuenca del río Jiguamiandó y familias de Curbaradó que se encuentran refugiados en varios poblados a lo largo del río de este nombre y sus afluentes, desde el primer y segundo semestre del 2001. Desde el segundo semestre del 2002, los anuncios y las amenazas de incursión denunciadas por las comunidades afrodescendientes, mestizas y resguardos indígenas no han sido atendidos por el Estado colombiano. Las desapariciones forzosas, los asesinatos selectivos, las retenciones, el control y el bloqueo económico, la crisis humanitaria de alimentos, de salud integral, las perdidas en la producción de pan coger- las recientes incursiones de control social armado y la presión a participar en formas. Hasta el día de hoy, la respuesta gubernamental es inexistente. A pesar de la adopción de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en noviembre pasado. Se sigue desarrollando la acción militar a través de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar, bajo el pretexto de acciones contra insurgentes frente a las FARC EP. Se pretende un control militar y social de la población, su vinculación a proyectos agroindustriales como el de la Palma Aceitera o a las estrategias armadas que se desarrollan desde el año 1.996 en la región en fincas como La Secreta reconocidas públicamente, incluso por la prensa nacional e internacional, como bases paramilitares, tanto como en Las Brisas, en Mutatá, Riosucio, Carmen del Darién, sitios de fortalecimiento militar, al lado de bases militares regulares adscritas a la Brigada XVII y también de unidades policiales en los cascos urbanos. Las comunidades persisten en su deseo de no abandonar el territorio a pesar de la fuerte presión militar, de afirmar sus derechos sin el uso de la fuerza, de negarse a participar en proyectos armados y agroindustriales Hasta el momento, no ha sido posible lograr la expresión de la mínima voluntad estatal para impedir este destierro, evitar la destrucción de los proyectos de vida de las comunidades en medio de la guerra, generar las garantías de respeto a la vida y a los derechos territoriales. Es evidente no solamente la OMISION, que es ahora COMISION POR OMISION, sino la COMPLICIDAD y la RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL ESTADO. La crisis humanitaria es profundamente grave. Bogotá, 20 de enero del 2003 Comision Intereclesial de Justicia y Paz ----------------------------------------------------------- ii) LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO JIGUAMIANDÓ, CHOCÓ, SIGUEN EN PELIGRO. Una comisión integrada por miembros de la Diócesis de Quibdó, Diócesis de Apartadó, Defensoría del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR y Comisión Intereclesial acompañada por la Brigadas Internacionales de Paz visitó del 9 al 12 de enero las comunidades de la Cuenca del río Jiguamiandó, municipio del Carmen del Darién, Chocó con el fin de recoger información precisa sobre una nueva incursión militar-paramilitar. Ante posibles confusas informaciones, las Diócesis de Quibdó y Apartadó, quieren relatar su versión del resultado de esta misión. El domingo 5 de enero, hacia las 4:00 de la tarde, un grupo armado de 10 u 11 personas, algunos con boina verde y distintivos de la XVII Brigada, otros con distintivos de AUC, llegó al actual asentamiento de la comunidad de Puerto Lleras disparando y lanzando morteros, a la vez que gritaban " al piso", y trataban a la gente de guerrilleros. La mayoría de la comunidad tuvo tiempo de correr hacia el monte; los pocos que quedaron fueron reunidos y les dijeron que nada iban a hacerles y que si nada temían no debían correr. El grupo armado permaneció en el asentamiento unos 20 minutos. Requisaron las casas y se llevaron algunas pertenencias. Antes de llegar al asentamiento, a eso del medio día, el grupo armado pasó por una finca en la que estaban cinco personas de una familia trabajando en la construcción de una embarcación. Cogieron y amarraron a los dos hombres adultos, los amenazaron y les dijeron que se los iban a llevar porque necesitaban gente para trabajar en el proyecto de palma aceitera. Después retuvieron también a otras dos personas que llegaron. Siete horas después, en horas de la noche los dejaron ir. Los pobladores que habían huido al bosque durmieron esa noche en el campo y regresaron al día siguiente; algunos tardaron dos días en volver. La comunidad vecina de El Lobo se desplazó a Murindó, la Grande y Bartolo; otras familias están en lugares cercanos, pero el pueblo está desocupado. El 7 de enero regresó a Puerto Lleras un grupo de 12 hombres armados, sin disparar, reunieron a los pobladores y anunciaron que seguirían las visitas, que no tenían nada contra ellos, que no corrieran porque entonces iban a disparar; que pensaban sembrar de palma todo el territorio. Estuvieron allí un cuarto de hora y dijeron que volverían cada dos o tres días. Las comunidades asentadas en Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo y Puerto Lleras, así como los representantes de la mayoría de las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó y de las comunidades del Curbaradó asentadas en el Jiguamiandó, expresaron las siguientes inquietudes: - Los campesinos sienten mucho temor por la intimidación y presencia constante de grupos armados en la zona; - Expresan su firme voluntad de permanecer en el territorio y exigen que se respeten sus vidas, viviendas y lugares de trabajo; - Proponen a la Comisión la urgencia de un acompañamiento permanente que les brinde seguridad hasta que se levante el operativo militar de la zona; - En Puerto Lleras los agricultores pidieron a la comisión que los acompañara dos horas a sus cultivos para recoger alimentos, pues debido al temor no salían de sus viviendas; - Los líderes piden que se apoye su proceso organizativo y comunitario, que a nivel de cuenca representa a toda la población campesina y que busca el reagrupamiento; - La propuesta de tres zonas humanitarias necesita ser clarificada y discutida con todas las comunidades; - Las comunidades solicitan acompañamiento, presencia de las instituciones civiles del Estado, ayuda humanitaria, seguridad y protección para poder resistir en su territorio y no tener que desplazarse. Las Diócesis de Apartadó y Quibdó se comprometieron a hacer una acompañamiento coordinado a las comunidades de la Cuenca, siempre que permanezcan en lugares visibles y tengan una clara disposición de resistencia en estos lugares. No se pronuncian ante las zonas humanitarias que se han propuesto, hasta que no se converse con cada una de las comunidades y quede mas clara la propuesta. Exigimos a las instituciones del Estado una respuesta eficaz ante las necesidades que padecen los habitantes del río Jiguamiandó, que requieren con urgencia de ayuda humanitaria, protección y condiciones mínimas para garantizar su supervivencia y evitar daños irreparables a las comunidades. Apartadó y Quibdó, Enero 17 del 2003 Diócesis de Apartadó y Quibdó ----------------------------------------------------------- iii) LOS DETENIDOS POLÍTICOS DE LA CÁRCEL DE ARAUCA SON REPRESALIADOS TRAS DENUNCIAR QUE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA HABÍA SOMETIDO A FILMACIÓN Y ‘EMPADRONAMIENTO’ FORZOSO A QUIENES LES VISITABAN. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH- denunciamos ante las autoridades colombianas, la opinión publica nacional y la comunidad internacional, los siguientes hechos sucedidos en la cárcel de Arauca: 1.- El pasado 5 de Enero, las familias y demás visitantes de los detenidos políticos de la Cárcel de Arauca, fueron sometidos a un empadronamiento por parte de la SIJIN, con el visto bueno del señor ALVARO CHACON PINZON, Director de la Cárcel, siendo obligados a entregar la siguiente información: a) Nombre y Cédula de Ciudadanía b) Dirección y teléfono de residencia c) Profesión u oficio d) Relación de los hijos mayores de 14 años e) Nombre del compañero(a) y a que se dedica f) A quien visita, por qué delito está, y cuál es su relación con él. Finalmente fueron filmados y fotografiados por personal de la SIJIN, también con el consentimiento del Director de la Cárcel, lo cual viola flagrantemente los derechos fundamentales de las personas. 2.- Con fecha 7 de Enero del presente, los detenidos enviaron un documento denunciando estos hechos a la Procuraduría, Personería Municipal y Defensoría del Pueblo. 3.- El pasado 16 de Enero, en forma intempestiva y como represalia por esta denuncia, todos los firmantes del documento fueron traslados (50 detenidos) a la cárcel de Combita en Boyacá, con el fin de dificultar la visita de sus familiares y crear una suerte de escarmiento para que en lo sucesivo los detenidos se abstengan de denunciar los atropellos a que son sometidos por las autoridades carcelarias. Este traslado entorpece las diligencias judiciales que tenían varios detenidos para los próximos días. Al ser preguntadas las autoridades de la cárcel de Arauca por las razones de este proceder han respondido que es una orden del INPEC en Bogotá. 4.- Las autoridades del INPEC, para justificar este hecho arbitrario, han informado a los medios de comunicación que el traslado de los presos se realizó “para evitar una fuga masiva que venía siendo planeada”, cosa absolutamente falsa. Por lo anterior, y con el fin de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, las organizaciones firmante solicitamos a las autoridades: A.- Entregar a los organismos de control (Defensoría, Personería), todas las filmaciones y fotografías tomadas a los familiares de los internos. B.- Investigar y sancionar a los responsables de dichos atropellos contra los ciudadanos. C.- Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, conforme a la Constitución y a la ley colombiana y en especial, conforme a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos. D.- Garantizar, los derechos de sus familias y amigos, conforme a la Constitución, las leyes nacionales y los Tratados que obligan al Estado Colombiano. Adicionalmente, las organizaciones denunciantes responsabilizamos la SIJIN y al INPEC por lo que pueda ocurrir a las personas que fueron sometidas a estas medidas de empadronamiento. Bogotá, Enero 18 de 2002 -------------------------------------------------- iv) EL GOBIERNO DE URIBE VELEZ INTENSIFICA ACCIONES CONTRA EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA FISCALÍA DICTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA HERNANDO HERNÁNDEZ, DIRIGENTE NACIONAL DE LA USO. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, a través del Departamento de Derechos Humanos denuncia ante la opinión publica nacional e internacional la arremetida por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra el movimiento sindical colombiano. Caso especifíco de esta arremetida es el curso de la penalización contra la dirigencia sindical de la Unión Sindical –USO-, donde en el día de hoy 15 de enero la Fiscalia General de la Nación profirió medida de aseguramiento contra el compañero HERNANDO HERNÁNDEZ, Secretario de Asuntos Internacionales de la Unión Sindical Obrera –USO; recordamos que el compañero HERNANDO fue durante el periodo anterior del Comité Ejecutivo de la CUT su Primer Vicepresidente. De igual forma, estamos denunciando las amenazas de muerte contra el compañero RODOLFO GUTIERREZ, Presidente Nacional de la –USO- y contra el compañero EDGAR MOJICA, Dirigente Nacional de este sindicato. Todo esto sucede cuando se desarrolla o se libra un conflicto laboral, el cual es la negociación del pliego de peticiones presentado y la respuesta de la empresa –ECOPETROL- ha sido el despido de dirigentes sindicales y militarización de las Refinerías. Seguiremos llamando a la solidaridad con los Trabajadores Colombianos y en este momento se hace urgente y necesario una respuesta de ustedes a la actitud del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. DOMINGO TOVAR ARRIETA Director Dpto. Derechos Humanos CUT Bogota, D.C. Enero 15 de 2002 --------------------------------------------------------------- v) LA UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO -USO- DENUNCIA UN PLAN PARA ATENTAR CONTRA SU PRESIDENTE. Por amenazas directas y según información procedente de diversas fuentes serias, se tiene conocimiento de que está en marcha un plan para atentar contra el presidente nacional de la U.S.O., compañero Rodolfo Gutiérrez Niño. Esta situación se presenta cuando el sindicato discute con el gobierno y la administración de Ecopetrol, la grave situación de la Empresa estatal por la caída de las reservas y la producción, los bajos rendimientos de la refinación y el arrendamiento de los poliductos y el sistema de almacenamiento de combustibles; el contrapliego que elimina derechos de los trabajadores, y el libre ejercicio de la actividad sindical, afectada por despidos, procesos disciplinarios y penalización. Todos estos aspectos han impedido la instalación de la negociación del pliego de peticiones, presentado para renovar la Convención Colectiva de Trabajo que venció el pasado 31 de diciembre. Quienes pretenden consumar este acto criminal, buscan desatar la violencia contra el sindicato, a efecto de acallar las denuncias y protestas adelantadas contra las políticas de las multinacionales norteamericanas por apoderarse de la industria de los hidrocarburos, puestas en ejecución con la reestructuración de la empresa y la política petrolera oficial. La U.S.O. rechaza y condena este oscuro plan que se pretende contra el presidente de nuestra organización. Exigimos al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez garantías para el funcionamiento del sindicato, así como el derecho a ejercer la oposición civilizada y democrática a las políticas gubernamentales. Unión Sindical Obrera, U.S.O. Junta Directiva Nacional Bogotá, enero 15 de 2003. ----------------------------------------------------- vi) OTRO SINDICALISTA ASESINADO EN LA ZONA DE REHABILITACIÓN DECRETADA POR EL GOBIERNO URIBE VÉLEZ. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT, denuncia ante el mundo la continuidad de asesinatos contra sindicalistas en Colombia en especial con los afiliados a la CUT. Esto se patentiza en los mas de 170 compañeros / as asesinados en el pasado año 2002 y vemos como el Presidente URIBE VELEZ cada día dice “QUE NO HABRA NI UN ASESINATO MAS”, pero contradictoriamente aumenta y profundiza la guerra en todos sus aspectos. Otro ejemplo de la arremetida contra el movimiento sindical es el asesinato del compañero Educador JOSE MARCELINO DIAZ GONZALEZ, Rector del Colegio Froilan Farias del Municipio de TAME, departamento de Arauca al nororiente del país, el alevoso crimen fue cometido el día 13 de enero del presente año. El compañero MARCELINO actualmente se desempeñaba como Presidente del Colegio de Rectores y Directores – COLDIT, afiliado a la Asociación de Educadores del Arauca – ASEDAR – FECODE. No cesaremos nuestras denuncias, hasta tanto cesen los asesinatos contra el movimiento social, de igual forma una vez mas, esperamos de ustedes la solidaridad con el pueblo colombiano. DOMINGO RAFAEL TOVAR ARRIETA Director Dpto. Derechos Humanos Bogota, D. C. Enero 13 de 2003 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- NUEVOS DOCUMENTOS EDITADOS POR EL EQUIPO NIZKOR: ¿Terrorismo o rebelión? Propuesta de regulación del conflicto armado en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/ Lista de Desaparecidos en el Perú 1990-2000 Defensoría del Pueblo; Comisión Verdad y Reconciliación; Comité Internacional Cruz Roja y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Lima, Perú. Diciembre de 2000 http://www.derechos.org/nizkor/peru/desap/ Sentencia del Tribunal Constitucional anulando aspectos de las leyes antiterroristas del régimen fujimorista http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/sentc03ene03.html La desaparición forzada de personas en el Perú 1980 - 1996 - Defensoría del Pueblo http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/desap/ ------------------------------------------------------------- Visita la Libreria on-line del Equipo Nizkor http://www.derechos.org/nizkor/finance/shop.php Compilación documental sobre estado de excepción, derechos humanos y control político social (1 CD ROM) http://www.derechos.org/nizkor/shop/excep.html ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ENGLISH EDITION: NOW AVAILABLE IN ENGLISH TOO. [More info: http://www.derechos.org/nizkor/shop/004eng.html ] EDICION EN ESPAÑOL: ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 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